El papa Benedicto XVI divulgó este martes su encíclica social Caritas in veritate (El amor en la verdad), en la que insta a los gobiernos a poner las necesidades de la gente por delante al tomar medidas para enfrentar la actual crisis económica y en la que reclama una “auténtica autoridad política mundial”.
También insiste en la necesidad de que los planes económicos se rijan por objetivos éticos. En el texto subraya la importancia del desarrollo de “todos los pueblos”: la crisis y la globalización deben ser aprovechadas como oportunidad para construir un mundo más justo y solidario.
DPA. ROMA, ITALIA.
“El proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes; pero, si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad, contagiando además con una crisis a todo el mundo. Es necesario corregir las disfunciones”, indica el documento. Y subraya: “La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber”.
La encíclica se publicó un día antes de que comience la cumbre de los siete países más industrializados más Rusia (G8), a la que asiste también España como invitada. Los políticos abordarán en la cita la crisis económica, el hambre en el mundo y el cambio climático.
Benedicto XVI había postergado su tercera encíclica varias veces para actualizarla con ayuda de expertos en economía de cara a la crisis y poder debatirla con los altos representantes políticos mundiales.
El Vaticano aseguró que Benedicto estuvo trabajando en esta encíclica desde 2007, pero no la publicó antes para poder actualizarla de manera de que refleje la crisis económica global.
PRECISIONES DEL VATICANO
De todas formas, el Pontífice no tenía la intención de que este documento fuera una respuesta a la crisis económica que comenzó a fines de 2008, sino más bien una crítica más profunda al sistema que permite que este tipo de eventos devastadores ocurran, aseguró el principal funcionario de justicia social del Vaticano, el cardenal Renato Martino.
“Si la encíclica hubiera sido emitida antes de la crisis económica habría sido considerada profética”, añadió hoy Martino en una conferencia de prensa en el Vaticano.
La “autoridad política mundial”, ya defendida anteriormente por Juan Pablo II y que vaya más allá de la ONU, es necesaria en opinión de Benedicto para encauzar la economía, sanear los países afectados y evitar un empeoramiento de las crisis y de las desigualdades resultantes de ellas.
También para lograr un completo desarme, alimentar la seguridad y la paz y regular los flujos migratorios.
“El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización”, afirma el Pontífice, que pide que se lleve a cabo “conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil ya prevista en el Estatuto de las Naciones Unidas”.
Dicha autoridad deberá estar reconocida por todos y gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, así como hacer respetar sus propias decisiones.
Con respecto al desarrollo, subraya al inicio del documento que “no basta progresar sólo desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante todo auténtico e integral”.
Y más adelante, en el capítulo tercero, añade: “Pablo VI pedía en la “Populorum progressio” que se llegase a un modelo de economía de mercado capaz de incluir, al menos tendencialmente, a todos los pueblos, y no solamente a los particularmente dotados”.
“El mercado único de nuestros días no elimina el papel de los Estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado”.
“Las ayudas económicas deberían ir acompañadas de aquellas medidas destinadas a reforzar las garantías propias de un Estado de derecho, un sistema de orden público y de prisiones respetuoso de los derechos humanos y a consolidar instituciones verdaderamente democráticas”, añade.
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